El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado hoy que su partido prefiere no derogar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, bautizada por sus detractores como «Ley Mordaza», porque hacerlo provocaría «inseguridad jurídica» tanto a las autoridades como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Considera que es preferible «incentivar» a los jueces para que no manden a la gente a la cárcel «por tuits o por raps».
«Nos parece importante proteger a las fuerzas del orden y a las instituciones y que al mismo tiempo haya estímulos para que los jueces hagan una interpretación laxa de la ley», ha asegurado el ministro en una conferencia de prensa en Madrid tras la reunión de la Ejecutiva Federal de su partido.
Grande-Marlaska ha apuntado que hay contactos con el Ministerio de Hacienda «para poder instrumentar medidas fiscales» para los jueces. Estas declaraciones públicas son la explicitación más clara hasta la fecha de que la parte socialista del Gobierno opta por la vía de los incentivos a los jueces para regular la libertad de expresión en España.
Considera, pues, el Ejecutivo que es mejor compensar económicamente a los jueces por su benevolencia que «despojar a las instituciones y a sus representantes de una armadura legal contra injurias e insultos».
Respecto a la Ley de Eutanasia, el Gobierno se plantea también la posibilidad de incentivar fiscalmente a la gente para que no se muera.
