El Ministerio de Hacienda informó en 1987, 1992, 1998, 2001, 2005, 2013, 2016 y 2018 a la Audiencia Nacional de que Juan Carlos I nunca había ejercido trabajo alguno y que, sin embargo, recibía un sueldo oficial. “Todo parecía indicar que efectivamente había algún tipo de ocupación pero no se podía comprobar que realmente produjera nada tangible u ofreciera servicio alguno, por lo que todo parecía ser un entramado de cargos fantasma para justificar dicho sueldo”, explica una fuente de Hacienda, que confía en que ahora se investigue esa irregularidad.
Hacienda insiste en que es “altamente irregular” percibir un sueldo si no existe el trabajo.
La presunta estafa habría tenido lugar desde 1978 hasta nuestros días pero, a fin de disimular y maquillar el desfalco, el sueldo se dividía en diversas partidas, de las que hay numerosa evidencia documental, lo que prueba hasta qué punto la Casa Real actuaba (y supuestamente actúa) con impunidad. Fuentes de la investigación señalan que estos “sueldos” o “comisiones” serían incluso más delictivos que las supuestas comisiones como la del AVE a la Meca, investigada actualmente por el Tribunal Supremo y “en el marco de la cual, de alguna manera, sí se realizó un trabajo efectivo de intermediación y hubo, aunque fuera moralmente reprobable, trabajo o esfuerzo por parte del rey emérito”.
Desde Anticorrupción señalan que en la trama podría estar involucrado el propio Gobierno, dado que el conjunto de sueldos oficiales y gastos vinculados a la familia Borbón aparece en los mismos presupuestos oficiales del Estado cada año, sumando casi ocho millones de euros a cambio de absolutamente nada.