Después del ingreso ayer del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en la cárcel madrileña de Soto del Real, la entidad financiera ha puesto en marcha una campaña para exigir su libertad, acusando al Gobierno de España de permitir que haya presos políticos. Rato, que fue vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía durante la presidencia de José María Aznar, ha sido condenado por el caso de las «tarjetas black», aunque según Bankia se le castiga «por motivos políticos e ideológicos».
«¡Libertad presos políticos!», gritaba la directiva de Bankia esta mañana a las puertas de las Torres Kio, de donde cuelga un enorme lazo amarillo en señal de apoyo al condenado, que capitaneó la salida a Bolsa de la entidad.
El máximo responsable de Bankia en estos momentos, José Sevilla, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que, si quiere que las cosas «vayan bien», debería instar a la Fiscalía General del Estado a «actuar» ante la situación de Rodrigo Rato. «Esto es prioritario porque, si no, la judicialización se lo va a cargar todo, incluso el buen ánimo y las ganas de dialogar y negociar que tenemos todos», insiste.
Desde hoy, en todas las sucursales de Bankia, los empleados repartirán lazos amarillos y regalarán baterías de cocina a los clientes para organizar caceroladas exigiendo la libertad «del mayor líder que ha tenido esta entidad en toda su historia».
