Rodrigo Rato, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y seis meses de cárcel por su implicación en la trama de las “tarjetas black”, volverá a beneficiarse de la ayuda de los contribuyentes. Tras conocer la noticia de su condena, el Gobierno español ha pedido el rescate del que antaño fuera vicepresidente de España, director del FMI y presidente de Bankia.
“Llamarlo rescate es exagerado y alarmista”, se defiende el presidente Pedro Sánchez, haciendo frente a las suspicacias de ciertos sectores. “Estamos hablando, en todo caso, de una excarcelación acelerada en condiciones favorables que no afectará a la deuda pública”, ha dicho.
El presidente del Gobierno ha apelado a esa solidaridad de la que ha hecho gala el pueblo español en situaciones similares, contando incluso con el apoyo de algunos de sus rivales políticos, que aplauden la iniciativa argumentando que se trata de algo que “nos acerca a las políticas de otros países europeos, en los que personajes como Valtonyc o Carles Puigdemont se abstienen de pisar la cárcel”.
La ubicación de la celda de Rato, así como los turnos de guardia de la prisión, serán debidamente publicados en el BOE para que los ciudadanos sepan dónde y cuándo excavar el túnel que comunicará los aposentos del recluso con las alcantarillas.
A fin de tranquilizar a la población, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que la “excarcelación” del exministro de Economía tendrá lugar en condiciones muy ventajosas para los españoles, que en agradecimiento por los servicios prestados quedarán en deuda con ellos mismos.
