El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en una investigación sobre el presunto lavado de dinero del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia. El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, quiere interrogar a Zapatero sobre el asunto y el expresidente ya le ha mandado un presupuesto de 150.000 euros en concepto de «informe oral», que deberá abonarse a su empresa Análisis Relevante. Estos servicios, insiste Zapatero, son habituales y forman parte de su actividad profesional.
«Si el magistrado o la propia UDEF requieren mi asesoramiento para el caso que les ocupa, sin duda puedo hacer un hueco en la agenda para orientarles incluso presencialmente, todo es hablarlo», ha manifestado esta mañana Rodríguez Zapatero. «Los registros de mi oficina son gratis», ha agregado, consciente de que la Policía ha irrumpido hoy en las instalaciones para recabar pruebas.
Esta es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno está investigado en una causa por corrupción. También la primera en la que la Audiencia Nacional debe pagar para interrogar a alguien.
Al cierre de la edición, las hijas de Zapatero, a través de su agencia de comunicación Whathefav, se ofrecían a diseñar un logotipo y una «estrategia de redes» para llevar el caso. «Hemos mandado nuestro mediakit al señor juez para que vea tarifas y formatos», confirman.
