La Fiscalía de Madrid ha reclamado en un escrito dirigido al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, que abra una pieza separada para investigar el posible uso por parte de Irene Montero de un miembro del Gobierno como pareja sentimental, en lo que sería un “uso ilegítimo de funcionarios del Estado para trabajos y fines que no les corresponden”.
Según sostiene la acusación, la ministra de Igualdad habría confiado su futuro sentimental al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Pese al carácter privado del encargo, Iglesias lo compatibilizó en un primer momento con un sueldo del grupo parlamentario de la organización y, después de la llegada de Podemos al Gobierno en enero de 2020, con su salario de la vicepresidencia, que no incluye “cuidar el corazón de nadie ni esmerarse en hacer feliz a nadie ni ser niñero de los pesares, aflicciones o suspiros de nadie”.
“De Iglesias se esperaban, y se esperan, cometidos de carácter personal como son la administración de mimos, carantoñas y otras muestras de afecto y también el hecho de que se prestara a compartir un proyecto de vida juntos”, explica una fuente de Podemos que admite que en el partido “a todo el mundo le parece normal ese acuerdo tácito”.
“Alarma que use a un funcionario público como alma gemela”, asegura esta fuente.
En el escrito remitido al juez, la Fiscalía hace referencia a “las miradas de complicidad absoluta” que hay entre Montero e Iglesias, al hecho de que ambos tengan hijos en común y a la confianza mutua que se tienen, fruto de una relación íntima que se ha prolongado durante años y que, al parecer, según habría confesado la propia Montero de forma impune, podría prolongarse hasta la muerte “e incluso más allá, pues el amor es eterno”.