Tres individuos encapuchados irrumpieron ayer en una oficina del Instituto Nacional de Empleo situada en la calle Legazpi, en Madrid, y sustrajeron 15 empleos, entre ellos dos de más de tres mil euros mensuales. Abriéndose paso entre la cola de parados, los asaltantes se aproximaron al mostrador e intimidaron a los funcionarios, que no pudieron evitar el robo a plena luz del día por la contundencia con la que actuaron los delincuentes.
La Policía sospecha que se trata de la misma banda que hace tres meses forzó la puerta de una tienda de informática y se llevó 60 gigas de memoria. «Se especializan en mercancías cuyo rastro es complicado de seguir. Es probable que sean ellos también los que robaron un 17% TAE en una sucursal del Banco Santander. Saben aprovechar el desconcierto y, en tiempos de crisis, les resulta facilísimo colocar el material en el mercado negro», explica uno de los agentes encargados de la investigación.
Según datos de la Policía, la inserción laboral ilegal ha crecido un 46% en España estos últimos 6 meses. Son muchos los españoles que, desesperados, pagan cuantiosas sumas de dinero a cambio de puestos de trabajo que, siguiendo el procedimiento habitual, requerirían años de preparación y una amplia experiencia laboral. «Las consecuencias de este tipo de puestos ilegales son nefastas porque promueven la presencia en la empresa privada de personas verdaderamente incapacitadas para el trabajo que están desempeñando. Nadie sabe cómo demonios han conseguido esos empleos tan bien remunerados y nosotros tampoco disponemos de pruebas para inculparles», insiste el agente.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que uno de los mayores retos del Gobierno es afrontar estos nuevos delitos. Como prueba de la rapidez con la que, pese a todo, suelen actuar las autoridades, ha recordado el éxito de la operación Dildo, en la que cinco agentes neutralizaron el robo de 9 orgasmos en la whiskería Benjumea’s.
