La sorpresa y la indignación recorren la capital de la Comunidad Valenciana desde que el Gobierno anunciara ayer por la tarde la intención de prohibir a los menores la toma de contacto con la ciudad de Valencia a partir del mes que viene. La decisión viene avalada por un estudio sociológico de la Universidad Autónoma de Madrid que ha detectado «actos de violencia en algunas zonas de la ciudad que podrían incitar a los menores a adoptar actitudes impropias y antipedagógicas».
Numerosas asociaciones ciudadanas han protestado por lo que consideran «una valoración parcial y sesgada», en palabras de Mabel Manglano, directora general de Ciudadanía e Integración. «En todas las ciudades del mundo hay focos de violencia, no entiendo por qué se centran las críticas en Valencia», afirma Manglano. Ante las protestas, la portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que «no nos vale el típico argumento de que en otros sitios están peor. Lo que nos preocupa ahora es Valencia y, en concreto, los niños que hay allí». La alcaldesa Rita Barberá defiende que «donde hay violencia y corrupción apenas hay niños», pero De la Vega replica que «eso es porque a la que ven a uno se lo cargan».
Barberá recurrirá la decisión del Ejecutivo porque «no tiene fundamento y ni siquiera contempla qué hay que hacer con todos los niños valencianos que además son bastantes, como mil y pico». El Gobierno, sin embargo, insiste en que la medida protege los derechos de la infancia y propone que «esas criaturas vayan al colegio en vez de ir por Valencia sin ningún tipo de control».
Algunos empresarios han apoyado la decisión alegando que el espacio que dejen los menores servirá para construir apartamentos.
