Hay nerviosismo en las filas del Partido Popular desde que se ha conocido esta semana el plan de Pedro Sánchez para reformar la ley de memoria histórica a través de un decreto ley que aceleraría el traslado de los restos del dictador Francisco Franco, enterrados supuestamente en el Valle de los Caídos. El motivo de esta incomodidad es más que simbólica: fuentes cercanas a la directiva de los populares confirman que el cadáver no se encuentra en el monumento donde fue enterrado sino en el domicilio particular del expresidente José María Aznar.

“Quería tenerlo cerca y, cuando llegó al poder en 1996, se propuso un traslado discreto, que se llevó a cabo clandestinamente dos años más tarde”, confirman fuentes anónimas del partido. Nadie cuestionó la decisión, que se consideró un “capricho” de Aznar “sin consecuencias para los españoles siempre y cuando la operación se mantuviera en secreto”. Tampoco se contempló la posibilidad de que en el futuro se ordenase la exhumación del cuerpo del caudillo.

Las mismas fuentes reconocen que “no se tomó la precaución de sustituir los restos mortales de Franco por otros, y ahora encontrarán la tumba vacía”.

Aunque Aznar no mantiene hoy en día las mejores relaciones con la cúpula del partido, hay unanimidad al reconocer que “pedirle que devuelva a Franco sería inútil”, pues el exmandatario considera que Franco “es suyo”. De hecho, algunos rumores sostienen que, en sus largos viajes a Estados Unidos, Aznar metía los restos del caudillo en una maleta y se los llevaba para no estar lejos de ellos, provocando más de un quebradero de cabeza a los agentes de aduanas.