Dictaminando que deben mantenerse alejados de urnas y papeletas “excepto cuando se les solicite lo contrario”, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart ingresen en prisión sin fianza confiando en que su estancia en la cárcel les ayude a distanciarse de su “actividad delictiva organizando protestas y depositando su voto en recipientes de plástico emulando una votación”.

Los líderes de las principales entidades soberanistas, ANC y Òmnium Cultural, están imputados por un delito de sedición y la jueza los considera, “por su capacidad de convocatoria”, los principales responsables de unas movilizaciones que promovían “modificar el sistema, que está pensado para que nadie le exija modificaciones” excepto si el sistema cambia por sí mismo, “momento en el que ya no hace falta pedir que cambie porque ya ha cambiado por sí mismo y por lo tanto ya no hace falta protestar para que cambie”.

A fin de que su comportamiento mejore y puedan ser puestos en libertad en el futuro, Sánchez y Cuixart asistirán a talleres donde aprenderán a usar menaje de cocina como ciudadanos normales, “sin golpearlo violentamente en caceroladas masivas”. La estancia en prisión no es punitiva sino que busca la rehabilitación de los presos, que en este caso deberán aprender, mediante terapia, a entregar urnas a la policía e irse a casa a esperar a que el presidente del Gobierno convoque elecciones y las gane.