Hacer inhabitable el planeta y acabar definitivamente con la existencia de muchas especies, incluida la humana, dejará de salir gratis y tendrá importantes consecuencias económicas para las corporaciones. Este es el principal pacto al que se ha llegado en la última cumbre del clima, la COP30, celebrada en Brasil y clausurada ayer domingo. “Hay motivos para el optimismo: cuando se carguen el planeta [todas esas corporaciones y multinacionales] tendrán que pagar”, explica a El Mundo Today la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Aunque ha habido presiones para pulir el texto, finalmente se ha impuesto un compromiso que supone un avance histórico. En adelante, acabar con toda la vida en el planeta hasta el punto de que no quedara ningún humano vivo podría conllevar sanciones administrativas (por ejemplo, tener dificultades para trabajar con organismos públicos, especialmente porque no quedará ninguno). “Es un acuerdo histórico que deja claro que extinguir especies o acabar con bosques enteros de forma irreversible no sale gratis, sino que habrá sanciones que merman un poco el beneficio que se ha obtenido al liquidar dicho bosque”, afirma Aagesen.
“Se lo pensarán dos veces antes de destruir el planeta de forma definitiva por segunda vez”, añade.
Durante la cumbre, António Guterres, presidente de la ONU, exigió que ministros y negociadores mostraran liderazgo para alcanzar un acuerdo ambicioso, con “1,5º como la única línea roja no negociable”. “2 grados, ni para ti ni para mí. 3 y de ahí no me bajo. Venga, 4. O incluso 5, pero 5 y punto”, dijo.
“12 grados. Punto”, concluyó.
En el documento final aprobado por la COP30 no se hace referencia a los combustibles fósiles sino que se habla de “corporaciones energéticas ; )”. Y lo que el acuerdo especifica es que las empresas que en un futuro sean las responsables de hacer desaparecer todo rastro de vida en el planeta se verán sujetas a sanciones económicas para evitar que lo hagan de nuevo.
Aunque no todos los países aplicarán las sanciones, los que sí lo hagan podrían multar a esas empresas con cantidades que ronden los 10.000 o incluso los 25.000 euros.
