Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tienen sobre su mesa una decisión de calado: dictaminar si los juzgados españoles investigan o no las querellas por los crímenes del franquismo y que hasta ahora han acabado, sin excepciones, en sobreseimientos en la vía penal. Lo más práctico es recurrir a la “vía Netflix”. “Las últimas instancias judiciales son, ahora mismo, el Supremo, el Constitucional, Estrasburgo y Netflix. Pero, en caso de saturación judicial, el Constitucional puede delegar el asunto a Netflix directamente”, explica un magistrado del Constitucional.
Según esta fuente, lo mejor que pueden hacer los grupos de víctimas del franquismo es acudir directamente a la plataforma Netflix con una propuesta seria de producción. “Si Netflix está interesado, hará un documental truculento en varios episodios donde, de una vez por todas, se llegue al final de cada caso y se investigue como es debido con testimonios anónimos, documentos sorprendentes y recreaciones veraces de alta calidad cinematográfica”, explica este juez del Constitucional.
“La justicia española es lenta, Netflix será mucho más efectivo que nosotros. Y, aunque no tendrá consecuencias penales, será mucho más emocionante”, añade este letrado.
El Tribunal Constitucional no descarta que, cuando Netflix investigue los crímenes del franquismo, al principio parezca que el culpable de dichos crímenes es Franco y, poco a poco (en el capítulo 6, dos episodios antes de la finale), haya un giro dramático y se vea claramente que al final los culpables de esos crímenes fueron todos los españoles. “O, cuidado, el propio Tribunal Constitucional… ¿Es que hay alguien en este documental que no tenga las manos manchadas de sangre? Uf, emoción a raudales”, dice una fuente del Tribunal Constitucional.
Tras cincuenta años de espera, las víctimas del franquismo han asumido que preparar un dosier, desarrollar un tratamiento, esbozar la biblia de una temporada, escribir el guion del capítulo piloto, proponer el casting, hacer un presupuesto, pasearse por varias productoras de televisión y rodar un capítulo para intentar vender el proyecto de serie a una plataforma de «streaming» es un proceso más rápido que la opción de acudir a la justicia española.
