Así lo ha dispuesto la ley 12/2020 del pasado 12 de enero. Los propietarios de los perros potencialmente peligrosos estarán obligados a portar una bolsa especial para recoger los miembros cercenados por sus mascotas.
La iniciativa ya ha generado protestas en algunos sectores. «Bastante me costó educarlo para que dejase de descuartizar a gente en casa y diese rienda suelta a sus necesidades en la calle», señala Montse, dueña de un pitbull de dos años de edad llamado Diésel. Según ella, «limpiar las aceras de despojos humanos es trabajo de otras personas, a las que ya pagamos con nuestros impuestos».
La ley recién aprobada establece que las extremidades amputadas serán arrojadas al contenedor de basura orgánica, si bien algunos concejales de Vox exigen un contenedor extra para «separar los brazos y piernas de los inmigrantes de los de personas normales».
Según la agrupación ecologista Pacma, esta ley estigmatiza a ciertas razas caninas. «Solo el 1% de los mal llamados ‘perros potencialmente peligrosos’ han dañado a seres humanos. Se trata de un miedo injustificado fomentado por los medios de comunicación, que llevan desde 2004 difundiendo canciones de reguetón de un individuo que se hace llamar Pitbull», añade la portavoz del partido, Laura Duarte.
Los legisladores confían en eclipsar esta polémica con otra nueva ley que obligará a las personas que tengan más de tres gatos a vacunarse para no contagiar a los felinos cuando éstos devoren sus cadáveres.
