A petición del Partido Popular, el Tribunal Constitucional (TC) se ha reunido de urgencia y ha declarado a España inconstitucional. Lo ha hecho a fin de evitar que la Cámara Baja pudiera aprobar una reforma para renovar el propio Constitucional, «algo que es una agresión flagrante al Tribunal Constitucional y, por tanto, a la Constitución», según el TC.
Dado que el Congreso es la representación de todos los españoles, al tribunal no le ha quedado otra que declarar inconstitucional al conjunto de la ciudadanía española, 47 millones de personas, «todos ellos inconstitucionales excepto, evidentemente, los miembros del propio Tribunal Constitucional, que es imposible que sea inconstitucional, por definición misma».
Desde el PSOE han amenazado con denunciar al Tribunal Constitucional ante el propio Tribunal Constitucional, pero admiten que hay «lagunas legales» y que es muy posible que la propia denuncia sea anulada por el mismo Tribunal Constitucional al que se está denunciando.
«Jaque Mate», ha declarado Pedro González-Trevijano, presidente del TC.
Las consecuencias legales de la inconstitucionalidad de «todo lo que es España, excepto el propio TC» serán estudiadas por el propio TC en los próximos días, pero podrían implicar penas de prisión para absolutamente todos los españoles (excepto el propio TC), que deberán presentarse en la comisaría más cercana en las próximas horas, donde la Policía (formada por ciudadanos que también son inconstitucionales) les indicará qué hacer.
Los magistrados decidirán el lunes si exculpan de su inconstitucionalidad a los diputados de Vox, Ciudadanos y el Partido Popular.
