El empresario Pablo Fernández Bravo, dueño de una constructora de Barcelona, ha sabido hoy que ya no es necesario pagar a Jordi Pujol el 3% del presupuesto de las obras que le encargan a su compañía. Aunque sabía que Pujol ya no es presidente de la Generalitat, este directivo daba por hecho que «el sistema no había cambiado» y aún sigue sin atreverse a dejar de pagar por temor a posibles represalias.
«Ahora me dicen que esto se paga en otro sitio, no sé qué del Consell de la República, pero no me aseguran que pagándoles a ellos me evite problemas. Me cuentan milongas de la represión y la libertad. No es como lo de Pujol y por lo tanto no me fío, no parece oficial», explica Fernández.
El entorno de la familia Pujol niega saber nada sobre estos pagos que la compañía Construccions i Obres Públiques Fernández i Soler supuestamente efectuaba y sigue efectuando «a la cuenta de siempre, la de Andorra». Como nunca le dieron recibos para que las operaciones no constaran en ningún sitio, Fernández admite que no tiene modo de demostrar que los Pujol siguen ingresando el dinero.
«Yo no quiero problemas. Lo que necesito es que ellos mismos me digan a quién tengo que pagar ahora y ya está. El señor Pujol tiene muchos hijos y no me aclaro, la verdad», solicita el constructor, que lamenta que «las extorsiones cada vez son más complicadas y, aunque intentes hacerlo todo bien, al final resulta que pagas a quien no debes».
