El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha planteado esta semana el debate sobre la liberación de la patente del cachopo, es decir, la exención de la protección de la propiedad intelectual de la receta, lo que abarataría sus costes y facilitaría su distribución.
Según Barbón, la liberación de la patente del cachopo está acorde con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que prevén el levantamiento de la protección de la propiedad intelectual en situaciones extraordinarias. «No es momento de privar a la humanidad de este manjar», argumenta.
Pero no todos están de acuerdo. La portavoz popular del gobierno asturiano, Teresa Mallada, considera que «la protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y debe seguir siéndolo en el futuro». Teme que liberar la patente acabe convirtiendo el cachopo en «un producto comercial devaluado y distribuido por todo el mundo sin un mínimo de calidad, como ha ocurrido con la pizza».
Barbón reconoce que el debate es «complejo» y que «el mayor problema hoy para el acceso al cachopo son los límites materiales de capacidad de producción». Propone una versión simplificada y de bajo coste que pueda servirse en los países que más lo necesitan, aunque Mallada considera que «estaríamos hablando entonces de un simple escalope a la milanesa».
El Principado propone ahora trasladar el debate al Congreso de los Diputados y poner en marcha una comisión de expertos. «Es una decisión demasiado importante como para tomarla de forma unilateral, el tema del cachopo hay que compartirlo entre todos porque es de mucha envergadura», insiste el presidente, que está dispuesto a «poner el asunto encima de la mesa para que lo abordemos en conjunto sin que se nos atragante».
