Tras la difusión esta mañana de la sentencia del «Procés», miles de catalanes independentistas se han apresurado a matricularse en las facultades de Derecho para poder opinar sobre lo que se dice en las 493 páginas del texto del alto tribunal. Las facultades de la Universitat de Barcelona y de la Autònoma se han visto colapsadas por la presencia de miles de ciudadanos impacientes por adquirir, en al menos seis años, la competencia suficiente para hacer sus propias valoraciones.
«Yo solo puedo opinar sobre las tres primeras páginas de la sentencia porque solo he aprobado Fundamentos clásicos de la Democracia y la Administración, pero a priori pinta mal», adelantaba un ciudadano de Barcelona sin apartar la mirada del libro que está estudiando frenéticamente.
El Gobierno ha recordado a los interesados que, para opinar «con conocimiento de causa y de forma plenamente legítima», es necesario haber trabajado en un bufete de abogados durante al menos un año, pues «pontificar solamente desde el conocimiento teórico es insuficiente dada la magnitud de los acontecimientos».
Quien sí ha podido opinar sobre la sentencia es el líder de la oposición, Pablo Casado, quien ha recordado que tiene un master en Derecho por la Rey Juan Carlos. El político ha redactado un comunicado en un ordenador portátil que se encuentra en estos momentos en paradero desconocido.
