El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha dictaminado esta mañana que la consulta organizada el 9 de noviembre de 2014 por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, fue ilegal y «constituyó un acto de desobediencia al Tribunal Constitucional». Así pues, como «máximo responsable político» de la consulta, el propio Mas deberá repetir ahora el procedimiento consultivo «ajustándose a la ley». Hasta que no lo consiga, insiste el tribunal, Mas tendrá que intentarlo una y otra vez.
El TSJC da, por tanto, la razón a la fiscalía, aunque no atiende a la petición de nueve años de inhabilitación para Mas por los presuntos delitos de desobediencia al Constitucional y prevaricación. «La inhabilitación impediría al acusado cumplir con la condena, que consiste en impulsar otro proceso de consulta desde los estamentos oficiales», argumenta el juez.
La fiscalía se ha mostrado contrariada tras la sentencia, apoyando por un lado la condena por desobediencia y la anulación de la consulta por ilegal pero, al mismo tiempo, mostrando su preocupación «porque la condena implica la celebración de nadie sabe cuántas consultas que nos llevarán a reunirnos en este tribunal quién sabe cuántas veces».
Artur Mas, por su parte, ha confirmado que acatará la sentencia y no tiene intención de recurrir.
La Generalitat cree que la decisión del TSJC podría convertir Cataluña en «el pueblo que más veces se ha preguntado si desea o no formar parte de un Estado». Yendo incluso más allá, algunos calculan que en 2020 ya se habrán celebrado más consultas en esta comunidad autónoma que en toda la historia de la democracia occidental.
