El Tribunal Constitucional ha anulado este jueves la ley catalana que prohibía las corridas de toros y, a modo de compensación por haber “menoscabado por su propia naturaleza el ejercicio de una competencia concurrente del Estado (art. 149.2 CE)”, ha acordado obligar a todos los catalanes a torear un morlaco de entre 500 y 650 kilos de peso.

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante de la Vicepresidenta, Adela Asua Batarrita y de los Magistrados, Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol Rios, quienes consideran que es “una humillación para el toro tener que morir a manos de antitaurinos declarados”.

Pese a ello, el razonamiento seguido por la mayoría de los magistrados es que las autoridades catalanas “han perseguido de forma deliberada la tauromaquia, declarada por el Estado patrimonio cultural”, y por tanto deben compensar a los ciudadanos de esta autonomía “fomentando el conocimiento en primera persona de las corridas de toros”.

Adelantándose a las quejas del Defensor del Menor, el Constitucional ha matizado que los catalanes menores de edad podrán torear vaquillas.

“El respeto y la protección de la diversidad cultural de los pueblos de España que deriva del artículo 46 CE justifica la obligatoriedad de participar activamente en el arte de la tauromaquia”, reitera el tribunal en su sentencia.

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha exigido que se aclare “si habrá compensación económica por cada corrida” y si se podrá torear en catalán “con expresiones propias como ‘fot-li gardela’ o ‘He mort el toro'”.